Los 5 arraigos que tiene una persona extranjera para regularizar su situación en España

España se encuentra en un momento crucial en materia migratoria. Con el crecimiento sostenido de la inmigración en los últimos años, el país afronta el desafío de equilibrar la gestión de los flujos migratorios con la necesidad de ofrecer mecanismos reales de inclusión social y laboral. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2025 el número de residentes extranjeros superó los 6,9 millones de personas, lo que equivale a casi el 20 % de la población total. Además, los inmigrantes representan ya el 23 % de la población ocupada, una cifra que refleja no solo su peso en el mercado laboral, sino también su contribución activa al tejido económico y social del país.

En este escenario, el arraigo se consolida como una de las herramientas jurídicas más relevantes del sistema español de extranjería. Concebido como una vía de regularización por circunstancias excepcionales, permite a los extranjeros en situación irregular obtener la residencia legal en España cuando acreditan vínculos familiares, sociales, laborales o formativos con el país. Más allá de un trámite administrativo, el arraigo representa un puente entre la irregularidad y la plena integración, entre la vulnerabilidad y la estabilidad.

El arraigo no es un concepto nuevo, pero sí ha adquirido una dimensión renovada con el nuevo Reglamento de Extranjería, que actualiza y amplía las modalidades reconocidas por la ley. Esta normativa, en vigor desde 2022 y consolidada en 2024 con nuevas interpretaciones judiciales, ha convertido al arraigo en una herramienta flexible que se adapta a distintas realidades personales y profesionales.

Cinco arraigos hacia la residencia legal

La nueva normativa reconoce cinco tipos principales de arraigo, cada uno orientado a un perfil y una circunstancia específica. Todos ellos comparten un mismo propósito: facilitar la regularización de quienes ya forman parte de la sociedad española.

1. Arraigo familiar: la estabilidad de los vínculos

Esta modalidad está dirigida a padres, madres o tutores legales de ciudadanos españoles o europeos, así como a hijos de españoles de origen. Se trata de una de las fórmulas más estables, ya que otorga un permiso de residencia de hasta cinco años y permite trabajar legalmente desde el primer día. Casos típicos son los de progenitores extranjeros de niños nacidos en territorio español. Además de proteger la unidad familiar, este tipo de arraigo refuerza la idea de que la convivencia y la responsabilidad parental son pilares esenciales de la integración.

2. Arraigo social: la integración como prueba de pertenencia

El arraigo social está pensado para quienes han vivido al menos dos años en España y pueden demostrar vínculos sólidos con la comunidad. Puede tratarse de relaciones familiares con residentes legales, participación en actividades locales o colaboración en proyectos sociales. Este permiso reconoce el esfuerzo de quienes, sin papeles, ya se han integrado de facto en la vida cotidiana del país.

Un ejemplo frecuente es el de una persona que lleva dos o tres años residiendo en una ciudad española, cuenta con informes municipales de inserción social o con familiares legalizados, y desea formalizar su situación. “El arraigo social es la expresión más clara de la convivencia: regulariza a quienes ya pertenecen, aunque aún no lo puedan demostrar con un documento”, resume Camila Bruckschen, directora general y experta en extranjería de CBAsesoría..

3. Arraigo laboral: reconocer el trabajo invisible

El denominado arraigo sociolaboral ofrece una respuesta legal a quienes han trabajado sin contrato y pueden acreditar su relación laboral, aunque sea de manera informal. Esta modalidad nació con la intención de visibilizar y regularizar el empleo sumergido, especialmente en sectores como el doméstico, la hostelería o la construcción.

Demostrar el vínculo laboral puede hacerse mediante sentencias judiciales, actas de la Inspección de Trabajo o documentos que prueben la actividad continuada. Su reconocimiento supone una forma de justicia social para miles de personas que, durante años, han contribuido a la economía española sin derechos ni protección.

4. Arraigo formativo: aprender para integrarse

Una de las grandes novedades introducidas por el reglamento es el arraigo socioformativo, destinado a extranjeros que deseen cursar formación profesional reglada o certificada por el sistema educativo español. Este permiso combina la residencia con la posibilidad de trabajar de forma legal mientras se estudia, impulsando la formación como vía de inclusión.

Un estudiante extranjero matriculado en un curso de cocina, soldadura o atención sociosanitaria, por ejemplo, puede acceder a este tipo de arraigo. Según los expertos, este modelo fomenta la empleabilidad y responde a las necesidades del mercado laboral español, que demanda perfiles técnicos y cualificados en distintos sectores.

5. Arraigo de segunda oportunidad: volver a empezar

La quinta modalidad, conocida como arraigo de segunda oportunidad, está dirigida a quienes habían obtenido una autorización de residencia, pero la perdieron por no poder renovarla a tiempo o por causas administrativas. Este mecanismo devuelve la posibilidad de regularizar la situación a personas que, pese a haber estado plenamente integradas, quedaron en situación irregular por circunstancias ajenas a su voluntad. Representa, en muchos casos, una medida de equidad y de reconocimiento de trayectorias personales y laborales que no deberían borrarse por un trámite vencido.

La trastienda del proceso: burocracia y acompañamiento

Aunque el marco normativo actual ofrece mayores facilidades que en el pasado, el proceso de solicitud de arraigo sigue siendo complejo. La preparación de la documentación requiere reunir justificantes de residencia continuada, informes sociales, certificados de antecedentes penales, contratos o matrículas académicas, además de acreditar medios económicos suficientes.

El tiempo medio de resolución de una solicitud oscila entre tres y seis meses, aunque puede variar según la carga administrativa de cada provincia. Una vez aprobado, el permiso de residencia otorga derechos laborales plenos y puede renovarse, facilitando el acceso a la ciudadanía española tras un periodo de residencia legal continuada.